Hablemos de mercado, Leo

En los últimos días Leo Zuckermann ha causado controversia con un provocador artículo en el que argumenta (¿?) que no se justifica la existencia del Fondo de Cultura Económica. Incluso ante las críticas y respuestas recibidas reitera que no cree que el Estado deba gastar dinero público en editar, distribuir y vender libros, pues para ello el mercado y las nuevas tecnologías alcanzan.

Pensando en los consumidores le propongo a Zuckermann que hablemos de este tema en serio y veamos las características del mercado del libro en México.

Más allá del valor social que pueda tener el FCE, creo que es importante verlo como un agente económico. Hasta ahora no ha habido ninguna investigación en contra del FCE por algún comportamiento abusivo en el mercado del que se pudiera derivar alguna distorsión (abuso de dominancia, práctica monopólica relativa, etc.). Por el contrario, compite directamente con otras librerías y editoriales tanto estatales como privadas por el mercado de lectores en México. En este punto se debe de notar lo siguiente, al obtener fondeo gubernamental esta institución, como agente económico, puede asumir riesgos que difícilmente un agente privado asumiría: por ejemplo, puede decidir editar un libro con bajísimo atractivo de mercado sólo por aportar una traducción al español de un contenido especializado; o puede editar libros gubernamentales que dudo que alguien más publique. Sobre los anterior, propongo mejor valorar las razones por las cuáles el FCE pasó de ser una empresa (S.A. de C.V.) con participación mayoritaria del Estado a un organismo público descentralizado. Esta transición ocurrió en 1994, con lo que además de editorial se dotó al organismo de funciones estatales como la difusión de la cultura. Asimismo, al ser agente público se debe observar si cumple con estándares de transparencia para su toma de decisiones y los resultados sobre el gasto que ejerce.

Una vez saldado este punto, y dado que a Zuckermann, quien se asume pro mercado, le preocupa que haya competencia en el sector hablemos de las reglas del juego.

En este espacio y en otros, hemos reiterado que el ciudadano es a la democracia lo que el consumidor al mercado. Ambos enfrentan reglas para ejercer su libertad de voto en las elecciones o de compra en el mercado. Hay regulaciones que generan efectos no deseados en el comportamiento de los agentes y acaban resultando más costosas, otras se justifican por los beneficios que obtiene la sociedad en su conjunto. Así en el mercado de los libros en México existe la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro (LFLL), que está en vigor desde 2008 y entre otras cosas establece un precio único a los libros.

Esta Ley fue controvertida desde el principio. Fue presentada en 2005 por el Senador Tomás Vázquez (PRI) y se proponía un precio único que fijarían los editores e importadores de libros en México y sería el que regiría para la venta al público. Este precio tendría una vigencia de 3 años, después de los cuales se podría sujetar a ofertas, descuentos o cualquier otra estrategia de mercado. En ese entonces la Comisión Federal de Competencia se pronunció en contra, y con base en estos argumentos la Ley fue vetada por el Presidente Fox. La comisión dejaba claro que era difícil que cierto tipo de librerías pudieran mantener un stock de tres años antes de poder aplicar estrategias de venta. Además de que este precio no tomaba en cuenta los distintos costos de distribución y formato (digital) de los volúmenes a lo largo del país y que por lo tanto, los editores elegirían un precio tal que cubriera estos costos. Esta fijación de precios constituiría una práctica monopólica absoluta.

Una vez que el Presidente Fox regresó la Ley a la cámara, ésta fue guardada en la congeladora y se retomó el proceso legislativo en 2008, con una nueva legislatura y un nuevo presidente. Se hicieron cambios a la ley original, por ejemplo, bajaron el periodo de tiempo de tres años a 18 meses y eliminaron una disposición que obligaba a las instituciones públicas a destinar 4% de su presupuesto para la compra de libros y la difusión de la lectura. Con estos cambios la ley se aprobó en ambas cámaras y fue publicada por el Presidente Calderón el 23 de julio de 2008. Desde entonces cada editor tiene que registrar los precios únicos ante el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura (CNFLL), y éste podrá aprobar o negar el precio, en caso de aprobarse será el que se observe en el mercado y en caso de no, los editores o importadores tendrán que volver a solicitar el registro para su aprobación, y será el precio vigente los siguientes 18 meses.

Además de lo anterior, el reglamento de dicha Ley además impone la restricción a los formatos de venta:

“Artículo 19.- El precio único de venta al público regirá en todos los lugares donde se lleve a cabo la venta de libros, sean espacios físicos, virtuales o digitales, independientemente del método o procedimiento a través del cual se efectúe su comercialización.” (Reglamento LFLL)

Lo que impone un costo adicional e innecesario a librerías y ediciones digitales. Lo anterior, reduce el bienestar de los consumidores y de hecho limitaría el acceso a los libros digitales.

Pensemos mejor entonces si se justifica la existencia de estas distorsiones de mercado y de la CNFLL, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura 2012, los mexicanos leen en promedio 2.94 libros al año, un avance de unas décimas respecto a su medición en 2006 (2.6). Es decir, poco ha fomentado la lectura estas reglas del mercado. Si nos interesan más que la desaparición del FCE, deberíamos de pensar si los mecanismos del mercado, como está actualmente, son los adecuados para hacer más accesibles los libros en todos sus formatos para los mexicanos.

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