¿Cuál es el costo de la acumulación regulatoria?

La acumulación regulatoria frena crecimiento

Hace unos días leía una investigación de John W. Dawson y John J. Seater en la que relacionan la acumulación regulatoria federal con el crecimiento económico de Estados Unidos, y concluyen que (traducción mía):

El efecto general de la regulación sobre la tasa de crecimiento del producto es negativa y sustancial. Las regulaciones federales añadidas en los últimos 50 años han reducido el crecimiento real del PIB en 2 puntos porcentuales en promedio para el periodo 1949-2005. Esta reducción en la tasa del producto ha significado una reducción acumulada del PIB de $38.8 billones de dólares para el final del 2011.

Asimismo, este año el Mercatus Center de la Universidad George Mason publicó una investigación sobre los costos no intencionales de la acumulación regulatoria federal en Estados Unidos. En ésta se realiza una revisión de literatura sobre el tema y se hacen propuestas específicas para evitar la acumulación, simplificar regulaciones y eliminar aquellas que sean obsoletas. Lo anterior, concluye el estudio, ayudaría a dinamizar la economía de Estados Unidos al reducir los costos regulatorios que enfrentan las empresas.

¿Cuánto nos cuesta la acumulación regulatoria en México?

Aquí no contamos con un estudio similar al mencionado, y difícilmente podríamos calcular cuánto del PIB nos cuesta la carga regulatoria cada año . Sin embargo han habido programas interesantes que más o menos ponen en perspectiva lo que a cada ciudadano nos implica la acumulación regulatoria.

Hace unos años la Secretaría de la Función Pública inició un programa de mejora de la gestión en el que se propuso eliminar aquellas normas que, si bien eran obsoletas seguían vigentes y revisó los trámites y servicios que ofrecía el Gobierno Federal para simplificarlos. En total se eliminaron 16,261 normas (de un universo inicial de 35,584 quedaron, para 2012, 19,323) que eran o redundantes o ya no tenía sentido su vigencia, porque se había extinguido su razón de ser original.

Como ejemplo de esto en 2008 el Gobierno Federal lanzó un concurso para que los ciudadanos identificaran el “trámite más inútil”, como podrán imaginar el gobierno recibió más de 20 mil respuestas a esta pregunta. La ganadora de ese concurso, Celia Velázquez, reportó el procedimiento para la adquisición y surtimiento de medicamento dentro del Instituo Mexicano del Seguro Social. Y es que según sus palabras:

El trámite que yo realizo cada mes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es para el surtimiento de un medicamento denominado Gammaglobulina, con el fin de que este sea comprado y que por ser un medicamento controlado el trámite  me lleva mínimo 4 días realizarlo, desde que me entregan la receta hasta que el medicamento es aplicado a mi niño que padece Agammaglobulina de Bruton. Este trámite pasa por ocho manos, entre sellos, autorizaciones y copias, pero ellos dicen que así debe de hacerse, que no hay otra opción.

El costo regulatorio, de trámites mal hechos o duplicados, da cuenta en ese caso de que puede incluso costarle la salud a un menor. Sólo hay que imaginar la urgencia de alguien quien necesita un medicamento y tiene que esperar días porque “así debe hacerse”. Es drámatico. Si pudieramos cuantificar esto observaríamos que cada regulación acumulada impacta directamente en el bienestar social.

¿Qué podemos hacer?

En un artículo reciente de Fernando García Sais se planteaba que para mejorar la regulación de este país, además de los procesos que hoy ya se realizan (revisar los costos y beneficios prospectivos de la implementación de alguna regulación), es necesario realizar una evaluación ex post para ver si se cumplió lo que se pretendía. Sin duda, esto nos ayudaría a seguir eliminando normas que no funcionaron como se creían o que están causando mayores costos de aquellos que se proyectaban inicialmente, comparado con sus beneficios. Con lo anterior, se podrían seguir simplificando y eliminando normatividades que pueden costarnos más que el tiempo de realizar un trámite.

Asimismo, es importante reflexionar no sólo en los costos de la regulación si no en los procesos de verificación y su cumplimiento. Como lo planteaba Bernardo Altamirano, hace unos meses, las complejidades regulatorias y la falta de instrumentos con que cuentan los cuerpos de verificación crean espacios para la corrupción y dañan la libertad empresarial, al permitir actos discrecionales o autoritarios por parte de los verificadores. Por supuesto, que esto también apunta a la necesidad de simplificar las regulaciones y fortalecer las capacidades del estado para verificarlas.

En la discusión que se ha llamado para pensar en la justicia cotidiana, vale la pena tocar este tema y que cada uno aporte sus ideas. Por ejemplo, ponte a pensar cuál es el trámite más inútil y engorroso que haces cada día. Piensa en cómo esto, muchas veces, orilla a pensar en salidas fuera de la ley para agilizar el trámite. Sin duda, este debate se debe dar de manera urgente en ese marco si queremos avanzar hacia una verdadera cultura de la legalidad.

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