¿Vetará EPN la #Ley3de3?

Después de la controvertida aprobación de las leyes que conforman el sistema anticorrupción, ha surgido la petición para que el Presidente vete los artículos 29 y 32 de la nueva Ley de Responsabilidades. Por lo pronto, la petición tiene ya 80 mil firmas y la Presidencia ha pospuesto el evento de promulgación del paquete de leyes. Ahora bien, ¿podemos esperar realmente un veto del Presidente?

De acuerdo con un estudio de Magar y Weldon (2001), el veto presidencial en México fue utilizado ampliamente entre 1917 y 1969[1]. De hecho, se vetaron 245 proyectos de ley en el periodo, principalmente sobre temas de jubilaciones y pensiones (154). En dicho periodo, los presidentes que más utilizaron esa facultad fueron: Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. No es casual que durante el llamado Maximato se haya utilizado más esta figura, en 8 años (1924-1932) hubo 3 presidentes que enfrentaron congresos divididos y, a través de Calles se empezaba a formar el régimen de partido único.

Una vez consolidado el régimen, entre 1969 y el año 2000, no se observó ni un solo veto presidencial. Hay que recordar que fue hasta 1997 cuando el Ejecutivo enfrentó un congreso dividido y en el 2000 hubo alternancia en el poder. Entre el año 2000 y el 2012, observamos que los presidentes volvieron a usar esta facultad, que tiene como propósito hacer visibles sus preferencias sobre política pública. En total se ha usado en 26 ocasiones.

En los más completos estudios sobre el veto en México (Montiel Olea, 2010 y 2013) se muestra que esta figura ha sido utilizada por los ejecutivos de manera total y manera parcial[2]:

VetosCesar

Tomada de Montiel Olea (2013)

En lo que va del sexenio del Presidente Peña Nieto no se ha observado el uso de esta facultad de relación con el congreso, y sólo ha hecho uso de la iniciativa preferente una sola vez. Por el contrario, desde la concepción del “Pacto por México” ha buscado que haya consensos en las cámaras que reflejen sus preferencias y que él pueda publicar sin problemas. Sin embargo, en el caso de la #Ley3de3 se ha observado una división clara de las bancadas en el congreso y una exigencia social inusitada, que va desde las más de 630 mil firmas por la iniciativa ciudadana hasta empresarios tomando el Ángel de la Independencia.

Puede ser que el Presidente, contrario a la tradición más priísta de los últimos presidentes del S. XX, decida usar esta facultad que le da el artículo 72 constitucional. Podría mandar una enmienda a los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades, que podrían ser revisados por el Congreso para a la vez que puede publicar el resto de las leyes del sistema. La ventaja del veto parcial es que da una nueva oportunidad de diálogo con el Congreso. Como decíamos, el ejercicio del veto revela las preferencias reales del Presidente sobre esa Ley, si lo ejerce puede mostrar su compromiso con la ciudadanía, si no lo hace sabemos lo que significa.

ACTUALIZACIÓN (23/04/2016)

El Presidente mandó enmiendas las leyes del sistema anti corrupción. Es un veto parcial (enmiendas), que el Congreso tendrá que discutir.

[1] Magar, Eric, y Jeffrey Weldon (2001), “The Paradox of the Veto in Mexico (1917-1997)”. Presentado en la 60th Annual Midwest Political Science Association meeting, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois. Abril 26.

[2] Montiel Olea, César. (2010) Repensando los poderes presidenciales: un estudio del veto total y parcial en México, 1997-2009. Tesis de Licenciatura en Ciencia Política, ITAM. Y ver: Montiel Olea, César (2013). “Presidential vetoes in practice: a preliminary study for Argentina, Brazil, and Mexico”. Documento de trabajo, Department of Politics, NYU.

¿Ideología o pragmatismo? Elecciones locales en 2016

Los resultados electorales del pasado 5 de junio han tenido distintas lecturas. Desde lo que ven en el resultado una evaluación a los gobiernos locales y al gobierno federal (el “y” se enfatiza cuando son del mismo partido), hasta quienes creen que  se trata de un castigo a la propuesta legislativa del Presidente a favor del matrimonio igualitario. No nos vamos a detener en los méritos de cada argumento.

Lo que me gustaría analizar es la competencia electoral que hay en cada estado y las opciones que tiene de elección cada ciudadano. Para los 12 estados en que hubo elecciones a gobernador, el número efectivo de partidos fue en promedio de 2.4, es decir, cada ciudadano pudo elegir realmente entre 2 opciones con posibilidades de ganar. En estados como Veracruz o Tlaxcala, este índice estuvo más cercano a 3, mientras que en otros como Aguascalientes fue 2. ¿Por qué sucede esto si siempre hay más de dos candidatos? La respuesta es que, normalmente, el partido en el poder arranca con ventaja y en la competencia hay uno sólo que presumiblemente es el más fuerte para derrotarlo. Dependiendo de las condiciones del estado, los electores puede elegir entre la continuidad o el cambio.

Alianzas

Ganadores y segundos lugares de las elecciones en 12 estados.

Lo interesante empieza cuando vemos la configuración de partidos ganadores y perdedores de cada elección. Mientras que en 1998, de 10 estados, sólo en Tlaxcala el ganador era fruto de una coalición electoral, en el 2016 9 de los 12 ganadores lo eran. Al parecer, desde 2004 han prevalecido las alianzas de los partidos para postular a un candidato a la gobernatura. Como se puede ver, la alianza PRI-PVEM-PANAL es la que más veces se ha repetido entre 2010 y 2016, esta alianza ha ganado en 11 procesos en esos años; mientras que la PAN-PRD ha ganado en 6 procesos.

Si los partidos representan, según la Constitución, un medio para que los ciudadanos accedan al poder público de acuerdo con los programas e ideas que postulan, esto es, se ven como plataformas ideológicas que agregan a ciudadanos en la búsqueda del poder. Lo anterior, implicaría que cada partido representa ideas claras y distinguibles entre sí que ayudan a cada ciudadano a elegir el medio de acceso al poder que conviene más a sus intereses. Sin embargo, no es así, un mismo partido como el PAN puede ser el impulsor del matrimonio igualitario en Colima y su más férreo detractor en Aguascalientes: partidos ambidiestros y ciudadanos confundidos.

Lo que parece, es que lo partidos perciben la dimensión mecánica de la agregación de votos como la más importante. Se unen en cada estado,para dar viabilidad a la continuidad de la agenda del gobernante o para retarlo. Estiman que es mejor que el ciudadano tenga sólo dos opciones, como en Durango que en lugar de 10 candidatos se observaron 6 y entre 2 de ellos (los que iban en alianzas) se llevaron el 90% de la votación. Es decir las alianzas concentran las posibilidades de triunfo y se reducen las opciones para que el ciudadano elija.

Si se acepta el efecto mecánico de las alianzas, los partidos deberían de trabajar en el plano ideológico. La alianza PAN-PRD podría formalizar una coalición estable que defina las ideas que llevarán al poder: combinar la ortodoxia económica del PAN con la ampliación de derechos y libertades civiles que promueve el PRD, entonces contaríamos con una plataforma demócrata-liberal. Del otro lado, la coalición más estable es ya PRI-PVEM-PANAL que podría aglutinar la representación sindical de algunos sectores, medio ambiente y gasto público. Con ello se tendría clara idea de lo que postula cada una de las alianzas estables, más allá de la persona que los represente.

En resumen, la resolución del dilema entre ideología y pragmatismo se podría resolver si las alianzas derivan en coaliciones formales en las que se definan postulados ideológicos claros. A la larga, estas coaliciones se podrían convertir en los nuevos partidos políticos, como parece que ya sucede.

Efectivo y elecciones

Hace unos días Integralia sacó un reporte en el que alertaba el aumento de dinero en efectivo en tiempos electorales.

En otro estudio sobre el crecimiento de la base monetaria, Ramos-Francia, Noriega y Rodríguez-Pérez (2015), muestran el crecimiento de M1 (efectivo) en tiempo electoral:

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Ramos-Francia, Noriega y Rodríguez-Pérez, 2015 (Gráfica 8)

La gráfica que parte desde el 95, muestra cómo cada año electoral se gasta más en efectivo. Seguramente, muchos de esos gastos no se reportan al INE ni se pueden rastrear vía facturas electrónicas ni nada. Es indispensable pensar en un nuevo modelo de gasto financiamiento a las campañas y elecciones del país.

Regulación ERT en DF: Oportunidad perdida

Esta semana se publicó la regulación que ha decidido el Gobierno del Distrito Federal en el caso de las empresas de redes de transporte (ERT, como Uber o Cabify). Entre otras la regulación consta de:

  • Creación de un registro de proveedores de servicio
  • Cuota anual de 1,538 para obtener el permiso
  • Que su flota tenga un precio mínimo de 200 mil pesos (valor factura)
  • Aportación del 1.5% del valor de cada viaje a un fondo de compensación (dirigido a taxis y ciclovías, distinto al de la ley de movilidad)

Lo anterior, nos hace preguntarnos si realmente el GDF tomó en cuenta el trabajo que muchos de nosotros (organizaciones de la sociedad civil, académicos, taxistas y compañías como Uber o Cabify) hicimos durante 2 días en el #DebateCDMX. Lo anterior, debido a que las conclusiones de esas mesas de debate contenían muchas ideas que significaban repensar el modelo de transporte y movilidad en la ciudad, no se trató de un ejercicio sólo de ver qué pasaba con Uber o Cabify, sino uno en el que se pusieron sobre la mesa ejes para mejorar la política pública de la ciudad.

En la mesa en la que participé, tanto las empresas de redes de transporte, como taxistas, como otras organizaciones, coincidíamos en los siguientes aspectos: a) se requiere mejor regulación para todos; b) la tecnología hace más eficiente el servicio y c) se debe centrar la política en la calidad hacia los usuarios. Por otra parte, la Comisión Federal de Competencia emitió una opinión no vinculante sobre las ERT, en ella exhortaba a los gobiernos estatales y al Distrito Federal a generar una categoría especial para este tipo de compañías (p.e. con un cambio en la Ley de Movilidad), y así tomar en cuenta los beneficios al consumidor que otorgan por su eficiencia e innovación. Además, la Cofece decía que en caso de existir regulación, su diseño debería evitar establecer precios controlados (máximos) o limitar la oferta de vehículos, mucho menos las dos cosas al mismo tiempo (como de hecho ocurre actualmente en el mercado de los taxis). La razón es sencilla: estas restricciones distorsionan el mercado y pueden desaparecer las ventajas en eficiencia que permite la tecnología.

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Ejemplos de ERT

Con este coctel de propuestas, se tenía todo para pensar de manera integral qué queremos en materia de transporte para la ciudad. Sin embargo, parece que el regulador renunció a su tarea fundamental de velar por el interés económico, social y de seguridad de las personas. Por el contrario, la propuesta está destinada a extraer rentas y privatizar la actividad estatal, pues se pretende que una empresa sea la que pague por la irresponsabilidad de años en materia de transporte público.

Se debe reconocer que, independientemente la posición que cada uno tenga sobre las ERT, la regulación actual de transporte ha fallado: el control de oferta no funciona, pues hay más de 20 mil taxis operando de manera simulada (con la misma cromática, confundiendo al consumidor) fuera de la ley; el control de precios es un fracaso si cada viaje se tiene que negociar la tarifa fijada; y, la seguridad a los usuarios falla por cada concesionario de un servicio público que es cómplice de alguna banda crimina (así sea un caso). Por otro lado. se debe valorar el acercamiento que han tenido todas las partes para buscar una solución, en otras partes del mundo simplemente se ha prohibido la operación de las empresas o ha habido omisión por parte del gobierno.

Sin embargo, la aparente solución que se ofrece hoy es una dónde se abandona la tarea de ver por el interés general, se busca extraer rentas y generar ineficiencia. Por ejemplo, limitar el valor del automóvil puede generar dos efectos perversos: que los que estén por debajo salgan de la plataforma y se inunde el mercado de autos usados, cuya sobreoferta devaluará los activos; y, que en las ERT sólo entren automóviles de lujo, elevando los precios a los usuarios. Es decir, el planteamiento regulatorio segmenta de manera ineficiente el mercado e impone costos adicionales a los consumidores. Además, esta medida impone de facto un control de oferta y una barrera a la entrada que podría ser investigada y sancionada por la Cofece.

En cuanto a las licencias de funcionamiento, se debe pensar en un esquema de precios que no imponga desventajas ni a las ERT ni a los taxis, es decir, buscar un piso parejo. Con la información disponible poco se puede saber de este punto, pues el GDF ha fallado en su comunicación al respecto. Las aportaciones al fondo de compensación me parecen lo mejor, si bien las ERT no deberían de pagar la mejora en los taxis que hoy no pueden tener mayor calidad, precisamente por las fallas regulatorias del gobierno, es bueno que aporten para generar un nuevo modelo de movilidad basado en peatones, ciclistas, transporte masivo y mejores espacios públicos. Pero, se debe de transparentar y sustentar legalmente el nuevo fondo, pues es distinto al que existía en la propia Ley de Movilidad (¿acaso sólo es una caja chica para mantener la política clientelar hacia el gremio de taxistas?). Por último, parece que el gobierno renunció a mejorar la mala regulación que prevalece hoy para los taxistas, ni la flexibiliza ni revisa el esquema de costos ni mejora las tarifas, ni ninguna otra cosa de lo que muchos de los que han participado en los debates han aportado.

El GDF pierde una graan oportunidad para replantear el modelo de transporte personal, en lugar de ello, parece sólo buscar dinero, aun cuando, ejemplos sobran, el gobierno decide mal y gasta peor.

Aquí pueden escuhar la entrevista al respecto que me hicieron en El Weso:
http://www.wradio.com.mx/playermini.aspx?id=2855077

Aquí opinión de Miguel Ángel Mancera sobre la regulación: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=67231

Jalisco, la debacle anunciada del PAN (y los partidos)

“All politics is local”

Tip O’Neill

Los resultados del domingo pasado fueron en general malos para Acción Nacional: en la cámara de diputados obtienen su porcentaje más bajo desde 1991; pierden Sonora, aunque ganan Querétaro; avanzan en el DF, a pesar de las denuncias de corrupción en su contra, pues lo hacen gracias al avance de Morena; se van a lejano tercer lugar en Nuevo León, donde también pierden la capital, y muchos otros. Pero me llama la atención el retroceso que sufre en Jalisco, en la capital apenas logró poco más del 9% de los votos y no ganaron ni uno solo de los 20 distritos locales, después de que gobernaron la entidad entre 1995 y 2013. Ejemplos similares en otros partidos son los resultados del PRD en el Distrito Federal y del PRI en Nuevo León.

Jalisco, junto con la zona del bajío y los territorios del movimiento cristero, fue cuna del primer panismo. En 1942, Acción Nacional presumiblemente ganó el ayuntamiento de El Grullo, y aunque no logró tomar posesión fue la primera victoria municipal de la oposición en medio de un régimen autoritario y centralista. El estado, además fue cuna del primer candidato a la presidencia de la república por el PAN, Efraín González Luna, y de otro más en 1970, Efraín González Morfín. Décadas después, luego de las luchas por las gubernaturas de Chihuahua y Baja California en los 80, Acción Nacional gana el gobierno de Jalisco en 1995, que junto con Baja California y Guanajuato, son los que más años ha gobernado. En las elecciones estatales de 2012, pierde el gobierno después de 18 años y lo devuelve al viejo PRI. Tres años más tarde el PAN está marginado del espectro político de la entidad.

Que toda política es local es algo que parecía entender bien el PAN desde su fundación. Este principio parte de que el municipio es la base del contacto del ciudadano con lo público, es ahí donde se ejercen las primeras y más importantes libertades políticas, es también el espacio de conexión más directo entre la provisión de servicios públicos y la demanda de calidad por los mismos. Así el PAN fue ganando desde lo local espacios para conseguir su crecimiento nacional, entendía el voto como una expresión de la realidad más inmediata de los ciudadanos, por eso, como dice Soledad Loaeza, el PAN se fue nutriendo de distintas visiones que llegaban al centro a defender intereses muy locales. Eran distintos los militantes del norte y su presión por un gobierno que diera libertad a los empresarios, a los más conservadores del centro y sur que buscaban medidas redistributivas.

Pero, los 12 años del PAN en la presidencia significaron el alejamiento de estos principios. Las políticas dictadas desde el centro y las posiciones públicas del partido empezaron a importar más que las necesidades locales y su representación. El PAN cayó en la lógica del centralismo heredado del PRI, en cada elección local o federal pretendían hacer una lectura sobre el actuar nacional, no se explicaban cómo si los presidentes Fox o Calderón tenían alta aprobación de la ciudadanía no se veía reflejado en los resultados electorales del PAN. Desde el centro se trató de mejorar eso a costa de invisibilizar y solapar excesos, escándalos y corruptelas a nivel local.

En Jalisco, el PAN, aprovechando el monopolio electoral estatal, la cámara local casi a modo, y el gobierno reiterado de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, dejó de escuchar las necesidades más inmediatas de sus electores y se dedicó a hacer política nacional. No hay que olvidar que fue un gobernador de Jalisco quien “destapó” a Felipe Calderón para la presidencia, Francisco Ramírez, que después ocuparía la Secretaría de Gobernación. Otro ex gobernador, Alberto Jiménez fue también secretario federal, ambos, desde sus carteras intentaron acrecentar su poder político en lo local. El resultado fue claro: Alberto Cárdenas, después de ser gobernador, pre candidato a la presidencia de la república y secretario de estado, no fue capaz de obtener votos suficientes para ganar la alcaldía de Guadalajara.

En lo más reciente, las tensiones entre el partido a nivel nacional y local terminaron en una importante escisión del PAN. Ricardo Rodríguez, quien había sido secretario general del partido en Jalisco, diputado federal y consejero nacional por el PAN, entre otros cargos, renunció a la bancada del partido en el congreso local para declararse independiente en 2013. La razón, fue su desacuerdo con una dirigencia estatal que a través del coordinador panista de los diputados negociaba con el gobierno de Aristóteles Sandoval plazas para sus allegados. También denunció los excesos y gastos del gobierno saliente, junto con otros destacados panistas como Víctor Sánchez. El PAN, lejos de investigar a sus propios militantes, optó por expulsar a Ricardo del partido.

A este movimiento de denuncia, se unieron otros tres diputados panistas, quienes junto con los de Movimiento Ciudadano formaron el G-9, un bloque que planteó una agenda legislativa común y opositora al gobierno estatal y que rechazaban la corrupción y componendas que organizaba el propio PAN para mantener sus privilegios. Lejos de que el partido hiciera algo, hoy esos tres panistas enfrentan procesos de expulsión por la comisión de orden. Se quisieron callar escándalos de corrupción locales con el pretexto de no manchar la imagen nacional del partido, ya de por sí en declive por los ánimos a Montana, y a costa de sus votantes.

En el 2014, Diego Monraz dejó también las filas del PAN, después de criticar las decisiones de la dirigencia y llamar a una alianza con Movimiento Ciudadano, a su salida dio los resultados de un sondeo que había hecho en su municipio, Zapopan, en el que se concluía, entre otras cosas, que:

  • Los ciudadanos ya no creen en los partidos, el 35 por ciento señala que el más corrupto es el PRI, seguido por el PAN con 22 por ciento.
  • Más de la mitad de los zapopanos están desilusionados del PAN y hartos del PRI, por eso aseguran que un partido diferente debe gobernar.
  • A pesar de tanta desilusión e indignación de la gente, el 80 por ciento distingue que todavía hay políticos buenos y malos. La mayoría de los consultados dijo que el partido más confiable es Movimiento Ciudadano.

Estos mensajes demostraban, desde entonces, que el PAN era un partido que más que escuchar a su militancia, prefirió buscar el mantenimiento de los privilegios de su élite. Perdió esa noción localista que los caracterizaba, dejó de ser atractivo para los ciudadanos como instrumento de acceso al poder. El movimiento iniciado por Alfaro en 2012, y la estructura de Movimiento Ciudadano abrieron su cauce a esos ex panistas, y ciudadanos en general, que se veían poco representados por el partido que los había gobernado durante décadas. Los resultados electorales de 2015, dan cuenta del poder del voto en mandar mensajes de castigo a los partidos que no son capaces de estar a la altura de las expectativas que cada ciudadano deposita en su voto.

En su libro sobre los partidos políticos, Robert Michels planteaba que conforme los partidos y organizaciones crecen, dejan de ser democráticos y se vuelven espacios en el que las oligarquías buscan la manutención de privilegios. Si no hay otra opción que los partidos, los dirigentes tratan de perpetuar sistemas cerrados que van cambiando muy lentamente. Pero la apertura del sistema, el pluralismo y los mecanismos como candidaturas independientes, muestran que los ciudadanos pueden abandonar a estas estructuras vetustas y oligárquicas. No es casual que en todo este acontecer en Jalisco se hayan caído los muros del sistema con el ejemplo cívico de Pedro Kumamoto, cuya candidatura ciudadana inspira y refresca la política. Los partidos no tienen más que renovarse o morir.

ResultadosGDL2

ResultadosZapopan

Voto nulo, de castigo y transición democrática. Re-lectura de algunos textos de Lujambio.

Hace algunas semanas discutía con mi amigo César Montiel (@oleacesar) sobre la calidad de algunos análisis que hacen los columnistas en los medios de comunicación en México. César concluía que a muchos les hace falta enfatizar los efectos que ha tenido la transición política y el pluralismo en ciertas variables de la vida institucional, estoy de acuerdo. Traigo esto a cuento por la infinita discusión que se ha dado en torno al valor del voto nulo en México. Aquí mismo, en diciembre del año pasado, decía que era un tema que se tenía que discutir tanto como se hizo en el 2009.

No voy a adentrarme en los detalles de la discusión, basta que se asomen al TL de @javieraparicio (contra el anulismo) o de @ppmerino @denisedresserg o @jicito (a favor). En general diría lo siguiente, quienes llaman a un voto de castigo apelan a la idea de generar contrapesos en el sistema y hacer con ello más funcional a la oposición. Del otro lado, muestran que es inútil generar estos contrapesos en un sistema atrofiado que no tiene conexión con las preferencias de los ciudadanos, por lo que pretender castigar con el voto es poco menos que un absurdo.

En este debate quisiera meter algo a favor de ambas perspectivas, porque creo que tienen razón y que en realidad están viendo dos momentos del sistema, conectados en la propia historia de la transición, que en varios ensayos y libros documentó Alonso Lujambio.

La oposición que sirve

Releí algunos de los ensayos recogidos en el libro de “Estudios Congresionales”, en ellos, Lujambio, a través del análisis de la composición del congreso mexicano, estudia la transición política del país. Cada escaño que perdía el PRI construyó el camino a la democratización de México. Fue el PAN, por ejemplo, el que presionó al gobierno por la reforma electoral de 1963 en la que se introduce la figura de diputados de partido. La elección del 58 fue tan inequitativa para el PAN que éste pidió a los diputados que había ganado que no se presentaran al Congreso y retiró a sus representantes de la comisión electoral, lo que obligó al régimen a emprender reformas para mantener la legitimidad del sistema.

Este precedente fue clave para las reformas que siguieron, el gobierno contaba con una amenaza creíble de que la oposición podía poner en aprietos un sistema autocrático. Desde entonces empezó a crecer la oposición en la cámara, se hicieron reformas electorales, económicas y sociales que probablemente el régimen no hubiera hecho sin la presión opositora. La irrupción del PRD a finales de los 80 aceleró el ritmo de cambio que se venía gestando desde la década anterior.

Tomada del libro

Tomada del libro “Estudios Congresionales”

En otra obra (Democratización vía federalismo), Lujambio analiza cómo el cambio en la distribución del poder desde la periferia presionó la democratización a nivel federal. Desde la primera alcaldía que ganara el PAN en El Grullo, Jalisco en 1942 (aunque no se logró tomar posesión), la que siguió en Quiroga (1946), hasta la obtención del registro como partido político nacional en 1948, como opositor presionó desde la esfera local por cambios en la legislación electoral que tuvieron impacto hasta el nivel federal. A través del reclamo de cada victoria, aún a costa de las amenazas del régimen, se logró la mejor representación de los intereses locales. México no sólo tenía hijos de la revolución, si no pequeños comerciantes, empresarios y ciudadanos que encontraron en el PAN una auténtica plataforma de participación política, como lo muestra Soledad Loaeza en su extenso estudio sobre el PAN.

Del lado del PRD, su aparición demostró que el PRI no era invencible, que era posible una opción de izquierda fuera de la familia revolucionaria que uniera a los antiguos partidos socialistas y que representara una salida política viable, desde la izquierda, para miles ciudadanos, como lo explica de manera clarísima Kathleen Bruhn. Su papel de vigilante al gasto y promotor de políticas redistributivas ha generado mayor atención a temas de política pública como pobreza, discriminación, inclusión económica, entre otros.

Con estos breves recortes quiero decir que la generación de contrapesos efectivos al sistema ha sido motor de buena parte de los cambios institucionales a lo largo del tiempo.

La oposición en su comodidad

En “Adiós a la excepcionalidad mexicana”, Lujambio decía que precisamente la llegada del gobierno dividido era un parteaguas para la dinámica institucional del país. Por primera vez, el partido gobernante tenía que hacer alianzas en el congreso, todos tenían que re-aprender su papel dentro de la democracia mexicana. Y así fue. Desde entonces ningún presidente de la república ha gobernado con mayoría. Todos han tenido que pelear (salvo el periodo del Pacto por México) por sus reformas. Pero se mantenía una peculiaridad dentro del sistema, a pesar de la fragmentación moderada del congreso (tripartita) se observaba la cooperación entre las fuerzas políticas desde el principio del gobierno dividido.

De hecho, Lujambio en “El acertijo constitucional. A seis años del gobierno dividido en México”, decía que esa configuración del congreso presionaba a que los partidos asumieran posiciones públicas de sus actos. Y que si bien se corría el riesgo de parálisis se limitaba la irresponsabilidad:

“…La parálisis entendida como indefinición es peor que la continuidad del status quo producto de desacuerdos discutidos, deliberados, argumentados y votados. En la parálisis-indefinición reina la irresponsabilidad. Por el contrario, cuando algo se aprueba o se rechaza en el Pleno de las cámaras, cuando se vota finalmente un asunto, cuando se fijan posiciones, los partidos se responsabilizan cabalmente de ello ante los ciudadanos (y ya ellos se encargarán de juzgar, desde su óptica política e ideológica, si la posición adoptada por éste o aquel partido es responsable o irresponsable”. (ALI. El acertijo constitucional)

Lujambio mostraba su convicción democrática por el disenso, asignaba a los partidos la tarea de responsabilizarse como contrapesos mutuos y dejaba al ciudadano la libertad de elegir entre sus opciones. Pero, este texto del 2003 no vio la historia completa de la pluralidad política en México. El sistema se fue reformando, la oposición obtuvo más espacios, las reformas de transparencia de principios de los 2000 mostraron que se pueden traducir las preferencias de la ciudadanía en piezas legislativas útiles y que generan rendición de cuentas. Pero, no se avanzó en concretar mecanismos de conexión directa entre los políticos y la ciudadanía a través del voto.

En el artículo 59 Constitucional (reelección) está la clave, como lo escribiera Lujambio. Si bien la constitución de 1917 no prohibía la reelección consecutiva de legisladores, en 1933 se prohibió por un afán de control del régimen “revolucionario”. Fue hasta 2014 cuando este mecanismo se reintrodujo en la legislación, aunque sufrió modificaciones que siguen dejando a los partidos el control de la carrera de los políticos[1].

Lo que ha pasado es que la oposición no ha logrado impulsar reformas que verdaderamente hagan participe al ciudadano de lo público. La pluralidad política que trajo la primera ola de reformas políticas evidencia, con el paso del tiempo, la necesidad de mejores arreglos que incluyan al ciudadano en la definición del interés general. El sistema de contrapesos ha fallado para acercar a los ciudadanos a la política. Los partidos políticos han fallado en ser instrumentos de la ciudadanía para el acceso al poder. Los ciudadanos no cuentan con canales suficientes dentro del sistema para expresar sus preferencias. Se reformó el 59, pero con un sesgo hacia los partidos antes que hacia el ciudadano.

Todavía no hemos probado cómo funcionará la reelección en México, pero sabemos que su legislación quedó limitada. Que la última reforma electoral dejó regulaciones costosas para los ciudadanos que quieren participar en la política de manera independiente. Es claro, entonces, por qué una parte importante del debate del voto nulo es sobre la representación política y papel de la oposición en México. Lo anterior, nos plantea un dilema de cara a la elección, generar contrapesos al régimen o evidenciar el mal funcionamiento del sistema (anulando) para presionar un cambio institucional mayor.

¿Cómo salir? Se debe ver que es un dilema aparente, en ambas vías la probabilidad de que una reforma ocurra son inciertas, no hay garantías (en todo caso se podría elegir al azar entre castigar o anular). Si bien la historia de la transición muestra que la apertura y democratización se dio a través de los partidos, también se debe analizar lo que ha ocurrido en los últimos años. La pluralidad política y social ubicó a la oposición en una situación de comodidad y autocomplacencia. Dejaron de luchar por mejor representación para la ciudadanía, y, por el contrario, ataron sus espacios de poder a los recursos que podía distribuir el sistema. La aparente competencia electoral y formación de nuevas expresiones políticas hizo que olvidaran abrir nuevos canales de representación.

Sin embargo, considero que la oposición política y los contrapesos democráticos generan mejores condiciones para el cambio en el largo plazo. Si el anulismo plantea una agenda de transformación, lo debe hacer también quienes voten pensando en construir contrapesos. Esta agenda debe plantear al incumbent los costos de la no reforma (en pérdida de escaños) y mostrar a la oposición encumbrada los beneficios de la conexión con la ciudadanía para la supervivencia democrática[2]. La estrategia tiene sentido, para despertar en los partidos la “ambición presidencial” de la que hablaba Lujambio y con ello hacer funcional (como lo ha sido en muchos casos) el sistema de pesos y contrapesos de la incompleta democracia mexicana.

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[1] La primera reforma para eliminar esta anomalía democrática la presentó Alfredo Reyes Contreras del desaparecido PPS, en 1989, posteriormente la presentaron legisladores de distintos partidos entre los que destacan: Demetrio Sodi (PRD, 2003); Raymundo Cárdenas (PRD, 2003); Felipe Calderón (PAN, 2002); Francisco Yunes Zorrilla (PRI, 2001); Omar Fayad (PRI, 2003); Germán Martínez (PAN, 2004). Ya como Presidente, el propio Calderón la presentó dentro de su decálogo de reforma política en 2009.

[2] Incluso esto último podría aligerar las cargas clientelares de los partidos. Al haber más incertidumbre sobre los resultados, el voto clientelar tiene menor valor.

Competencia en transporte público, recomendación para Tlaxcala

En un documento denominado “Ideas para promover la competencia económica“, que publicamos en agosto de 2014 en Central Ciudadano y Consumidor, decíamos que:

El transporte público local constituye un medio fundamental para el desplazamiento de bienes y personas, para la movilidad de las ciudades y para la reducción de emisiones de gases contaminantes en beneficio del medio ambiente. La regulación de este medio está a cargo del Estado y, de manera particular, son los gobiernos locales los encargados de ejecutar las políticas públicas en la materia. El diseño de éstas depende de la organización institucional y restricciones de cada uno de los gobiernos, así como del marco normativo.

En este mismo documento analizábamos dos resoluciones de la Cofece en materia de transporte público sobre la normatividad en Aguascalientes y Veracrz:

En 2013, la Comisión Federal de Competencia emitió dos opiniones respecto a la legislación de transporte público en los estados de Veracruz y Aguascalientes[1]. En éstas la Comisión encontró prácticas anticompetitivas en distintas etapas del mercado; entre otras a) la participación de agentes ya establecidos en los procesos de asignación de nuevas concesiones; b) el método de otorgamiento de concesiones de transporte no permite la competencia para entrar al mercado y c) requisitos materiales a concesionarios, como contar con vehículos de máximo un año de antigüedad, que pueden constituir barreras a la entrada y pueden aumentar los costos de manera injustificada en perjuicio de los consumidores.

Ahora tocó a Tlaxcala. En su opinión OPN-006-2015 que revisa la Ley de Comunicaciones y Transportes (LCT) de la entidad, su respectivo Reglamento así como el Decreto que suspende indefinidamente el otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, la Comisión recomienda, entre otras cosas:

  • Eliminar la suspensión indefinida impuesta por el DECRETO que ha impedido desde 1999 el otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones para prestar el servicio público de pasajeros, el cual constituye una barrera insorteable a la entrada de nuevos agentes que podrían generar presiones competitivas sobre los actuales prestadores del servicio;
  • Utilizar esquemas pro-competitivos para la asignación de concesiones en ciertas modalidades conforme a parámetros técnicos (considerando por ejemplo que la LCT establece que las concesiones se otorgan a petición de los interesados “cuando resulte necesario” de acuerdo a una declaración del Ejecutivo estatal);
  • Aplicar regulación tarifaria en el transporte público de pasajeros conforme un análisis técnico-económico en caso de que las circunstancias así lo ameriten; en lo que se refiere al transporte de carga, flexibilizar el régimen de entrada y considerar una regla de libertad tarifaria;
  • Eliminar ventajas indebidas y criterios de preferencia, en particular para obtener concesiones de que gozan “los tlaxcaltecas por nacimiento, los mexicanos con residencia de más de un año en el Estado y las sociedades mexicanas registradas en Tlaxcala”, así como la posibilidad de reexpedirlas en favor de los familiares del concesionario fallecido; y
  • Limitar el alcance de diversas facultades discrecionales y conceptos indeterminados tratándose del otorgamiento, cancelación y modificación de concesiones y autorizaciones, los cuales generan condiciones de incertidumbre jurídica e inhiben la entrada (por ejemplo la declaratoria de existencia de necesidad pública de los servicios de transporte y su satisfacción, la realización de estudios para fijar tarifas y la aplicación de sanciones con motivos de “competencia desleal”).

Así que esperemos que las autoridades estatales revisen esto de manera puntual y se garantice, a través de la competencia económica, la mejoría del servicio de transporte público en la entidad (sobra decir que es deficiente, y que se utiliza políticamente para alimentar clientelas electorales).

Combis, el típico transporte en el estado

[1] Para el caso de Aguascalientes, se consideró la opinión vertida en el Oficio PRES-10-096-2013-071. Para el caso de Veracruz la opinión del Pleno de la Comisión emitida el 14 de abril de 2013 y votada por unanimidad por los entonces consejeros de la Comisión.

Metas equivocadas

meta del SAT para 2015

Foto tomada en el SAT

El día de ayer un empresario me paso esta foto, que refleja lo mal que están las prioridades del Gobierno Federal en materia hacendaria. La política recaudatoria debería de estar orientada sí a recaudar más, pero  sobre todo a recaudar mejor. Aproximadamente el 60% de la fuerza laboral está en la informalidad, por lo que no pagan impuestos o no pagan completamente, si esto es así, significa que esos “2 billones” se extraerían de quienes de por sí pagan impuestos. Lo anterior se agrava si se piensa que el Gobierno Federal hizo un pacto para no modificar el esquema impositivo en lo que resta del sexenio, es decir no tendremos nuevo impuestos ni se modificarán los actuales. Por lo anterior, difícilmente podríamos pensar que la meta se va a lograr vía impuestos generalizados al consumo, por ejemplo. Pero lo peor del caso es pensar en ¿para qué quieren ese dinero? Uno pensaría que para generar bienes públicos que ayuden a reducir las brechas de desigualdad, por ejemplo; sin embargo, ejemplos sobren del mal gasto gubernamental, como reglar teles y tabletas electrónicas, o pagar por hacer mal la licitación de un tren, o gastar en fastuosos (y estilosos) viajes a Londres, o cualquier largo etcétera. Así que todo mal, primero deberían de decir con claridad qué quieren hacer y luego pagamos, pero como están las cosas, más bien parece la voracidad de un gobierno extractivo que debe cubrir los baches de la caída de los precios del petróleo.

El dilema del político: House of Cards 3

*Spoiler Alert* Si no la has visto no sigas leyendo.

Terminé la tercera temporada de la serie al día siguiente de que se hubiera estrenado, 11 horas de seguir la presidencia de Frank Underwood. En general, creo que es la temporada más compleja, lenta y hasta aburrida de las tres; a la vez me parece que retrata mejor que las anteriores lo que significa el ejercicio del poder.

En su extraordinario libro, Politician’s Dilemma, Barbara Geddes analiza la conducta egoísta de los políticos y modela los cálculos que deben hacer a la hora de tomar decisiones. Dice que el dilema más común que enfrentan es el conflicto entre la necesidad del política de supervivencia inmediata y los beneficios a largo plazo que puede ofrecer en materia económica. Así los políticos tienen que decidir entre políticas que los pueden ayudar a ganar la elección inmediata o hacer reformas que tendrán efectos en el largo plazo.

Este es precisamente lo que Underwood vive en esta temporada. Ante la crisis política interna que el propio presidente detona con las acciones de ascenso al poder, necesita ganar popularidad y unión en torno a una política sello de su administración. America Works es su propuesta, crear 10 millones de empleos a costa de fondos de retiro y ahorro de los trabajadores. Un plan que retrata el propio dilema intertemporal, dar empleo hoy a costa del bienestar futuro de los trabajadores.

Pero el ejercicio del poder, también lo va dejando solo. Mientra durante el ascenso podía ofrecer algo a cambio del apoyo de los demás, ahora en la cima no tiene nada que ofrecer. Ser presidente lo dejó sin un plan. Una política de apropiación de fondos y redistribución no es suficiente para convencer a nadie de su apoyo. Jackie, Remy, Mendoza, y al final de la serie Claire, van dejando solo a Frank (el único que se mantiene fiel es Doug, aunque da la impresión contraria). No hay acción, amenaza o dinero que pueda convencer de que un político como él, que en esta temporada muestra sus torpezas al frente del poder, merece ser seguido.

Por ello no es casualidad que trate de utilizar la otra gran carta para ganar apoyo: la política exterior. en la opinión pública se estudia el efecto “rally ‘round the flag”, en el que crisis internacionales o guerras hacen que el electorado se una en apoyo a su presidente. Por eso, tensa las relaciones con Rusia a través de un plan de pacificación en el valle de Jordania. Sin embargo el plan falla ante la ambición de su esposa, sus propias ambiciones y la incapacidad del personaje para comunicar claramente el propósito de su conflicto con Rusia. A la larga, su comportamiento errático en ese caso le cuesta su relación con Claire, quien es parte fundamental en esta temporada.

Por último, su búsqueda por la reelección (aunque el nunca fue electo, pero es el incumbent) es igualmente un desastre. Se lanza con la popularidad por los suelos, sin nada que ofrecer al público más que su fallida política de America Works y el desastre de política exterior. Por otro lado el enfrenta el abandono de su equipo (Jackie y Remy) y el poco apoyo de su partido, donantes de campaña etc.. Entonces, como pocas veces Frank trata de utilizar a Claire, rompen la típica relación de equipo que habían tenido, provocando que al final ella decida irse.

A ver cómo continúa la siguiente temporada. Dejo algunos artículos más completos sobre el análisis de la temporada:

House of Cards season 3 is the show’s best — and worst — season so far. Vox

House of Cards Season 3: The Binge Review (Episodes 1-13). The Atlantic

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Justicia Cotidiana

El pasado 20 de enero, asistí a invitación del Dr. José Roldán Xopa a un conversatorio sobre justicia administrativa. Este evento se dio en el marco de los foros que está organizando el CIDE con motivo del encargo del Presidente para identificar elementos que afectan a los ciudadanos en el acceso a la justicia cotidiana.

El punto de esta participación era discutir y proponer algunas ideas sobre cómo configurar la agenda temática sobre el acceso a la justicia administrativa, cuyo foro se realizará en Guanajuato el próximo 29 de enero. Desde la atención ciudadana, el papel de las instancias jurisdiccionales en materia administrativa hasta corrupción fueron los temas tratados por los invitados.

Yo me fui a la mesa de corrupción, que creo que es uno de los temas que afectan todos los días el acceso a la justicia cotidiana. En particular, me gustaría señalar algunos de los puntos que me interesan sobre el tema:

  • La sobrerregulación, mala regulación o falta de regulación abren espacios que pueden propiciar la corrupción. Imaginemos un trámite ante el gobierno (de cualquier orden) que sea muy complejo, añadamos que tenemos información incompleta sobre los requisitos y trámites, aunque hayamos consultado las fuentes públicas. El resultado es un excesivo poder al servidor público de la ventanilla frente al ciudadano. Esta iniquidad se puede resolver si el funcionario nos pide algo a cambio de agilizar el trámite o dejar pasar alguno de los requerimientos, si no lo pide él el ciudadano puede ofrecerlo. Lo anterior, genera esquemas de agilización de trámites a través de conductas indebidas, digamos que se genera un mercado negro de la eficiencia administrativa. Por parte del gobierno, se podría actuar poniendo en marcha un programa de mejora regulatoria que simplificara los trámites, le apostara a la transparencia de requerimientos y trámites, y tuviera mecanismos uniformes de atención al ciudadano.
  • Por otro lado, comentaba el Dr. Roldán que la corrupción presenta una paradoja, pues puede representar lo malo, pero también una solución a un asunto administrativo. En ese sentido, pienso que para mejorar buena parte de los trámites en los gobiernos deberían de ver los procesos que se generan en el contexto de la corrupción. Hay procesos eficientes mediante corrupción que son catalogados como tal porque están fuera de la ley, pero qué pasaría si se adoptaran esas prácticas como legales. Imaginemos que hay un trámite que debe de pasar por 8 revisores antes de aprobarse, mediante el mecanismo alternativo, sólo pasa por una mano. Lo anterior, nos diría que el trámite no necesita las 8 revisiones y por lo tanto se puede mejorar. Por supuesto aquí hay varias consideraciones, probablemente los gobiernos se ven beneficiados de la corrupción por se un mecanismo de extracción de rentas y por lo tanto nadie quiere simplificar el trámite legalmente pues estas rentas desaparecería. Un observador externo podría señalar esas eficiencias y recomendárselas a los gobiernos. Sería un buen paso.

En Central Ciudadano y Consumidor iniciamos hace un mes una iniciativa para mapear trámites de cualquier ámbito de gobierno y hacer propuestas para mejorarlos. Creemos que es importante este aspecto para mejorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Pueden participar en nuestra iniciativa aquí.

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