Sobre los precios y la regulación de Uber

El día de ayer Leo Zuckermann escribió en Excélsior una columna verdaderamente lamentable “Sobre los precios exorbitantes de Uber” (sobra decir que confunde las prácticas monopólicas y otros problemas). Sin embargo, no sólo él sino otros comentaristas, opinólogos y ciudadanos en general se han quejado sobre la tarifa dinámica de Uber durante la contingencia ambiental. Explico algunos puntos.

Oferta y demanda

Este es el apartado más sencillo. En la economía de mercado la ley de la oferta y la demanda es el estándar. ¿Cómo funciona? Básicamente, supone que cuando hay mayor demanda por un bien o servicio se genera escasez y por lo tanto tienden a aumentar los precios; el aumento de precios hace atractivo el mercado para los oferentes y entran más compañías a ofrecer sus bienes y servicios, esta nueva oferta cubre la escasez anterior y si hay más oferta que demanda los precios tienden a bajar, pues hay abundancia. En términos más simple, la abundancia de un bien lo hace relativamente más barato y la escasez más caro.

Ahora bien ¿Qué efectos tuvo la contingencia ambiental?  De manera muy rápida, la oferta disminuyó y la demanda aumentó. El efecto fue distinto en cada mercado de transporte. Veamos por qué.

  • Del lado del transporte público. Este tipo de transporte tiene más o menos una oferta fija, hay las líneas de metro o metrobús que hay, o existe un número fijo de concesiones públicas a camiones o taxis. Dado lo anterior, cuando una política restringe el uso del automóvil, la gente migra al transporte público. Al haber una oferta fija, rápidamente se genera un exceso de demanda y escasez de asientos en el sistema de transporte. Una de las peculiaridades del sistema público es que tanto la oferta como el precio están regulados, es decir las concesiones y rutas las otorga el gobierno y la tarifa que se cobra es fija, independientemente de la demanda. Por lo anterior, cuando hay estos shocks inusuales de oferta no se puede jugar con el precio como medida de descongestionamiento. La lección: el sistema de transporte público es insuficiente, y la Ciudad no está preparada para enfrentar un exceso de demanda.
  • Transporte privado y compañías que lo ofrecen. Aquí la regulación es distinta. Hay que recordar que el Gobierno de la Ciudad decidió regular compañías tipo Uber o Cabify el año pasado. En la regulación estableció que un porcentaje de las ganancias de los viajes se irían a un fondo especial que serviría para mejorar el transporte público y se puso un valor mínimo a los automóviles que pueden inscribirse a la plataforma. Sin embargo, no se reguló la manera en que cobran ni se hicieron mayores restricciones a la oferta. En este contexto, estas compañías cuentan con una oferta más flexible, es decir han ido incrementando el número que autos que ofrecen sus servicios conforme crece la demanda, y el precio, al estar sujeto a la demanda permite autorregular el número de entrantes al mercado y las ganancias esperadas de los participantes. Sin embargo, al estar basado en el automóvil particular, la contingencia ambiental provocó una contracción de la oferta de los autos de estas plataformas (no todos podían circular). La misma contingencia generó un aumento de demanda, hubo más usuarios que pidieron Uber de los que normalmente lo piden, si no podías manejar por la restricción, Uber entra dentro de tus posibilidades de transporte y lo pides. Se juntó entonces la contracción de la oferta con una expansión de la demanda, generando más escasez. Al no tener precio regulado, los precios aumentaron para controlar la escasez y disuadir a usuarios de usar el servicio si no lo valoraban al precio esperado. La lección: el sistema de precios flexibles ayudan a amortiguar los efectos de la escasez.

Sin embargo, ambos efectos generaron un malestar en la ciudadanía y pusieron en el foco de atención las políticas en materia de transporte y regulación que debe de utilizar la ciudad.

Precios dinámicos de Uber

Una de las principales ventajas del modelo de precios de Uber son los llamados precios dinámicos (como referencia este artículo). Pero la idea básica de este modelo es que la oferta y demanda se ajustan por hora y por colonia. Por ejemplo: un chofer de Uber en Xochimilco solo maneja 5 hr diario, para optimizar sus ganancias se queda en su casa estudiando hasta que ve que precios subieron en alguna colonia de la ciudad (p.e. Las Águilas), entonces  va a Las Águilas a trabajar a la mejor hora para él y esto es eficiente porque es cuando más se necesita (hay mayor demanda y él obtiene mayores ganancias). Eliminar a través de una regulación este modelo, eliminaría las eficiencias que genera, tanto para el conductor, como para los usuarios.

¿Uber es un monopolio?

Otra de las críticas que hubo es que Uber hizo “prácticas monopólicas” con sus políticas de precios. Difícilmente se puede sostener el argumento, en México no existen prácticas monopólicas relativas “por precios abusivos”. Pero se debe de tener en cuenta lo siguiente.

En los estudios de Tirole-Rochet se habla de la competencia entre plataformas en mercado de dos lados, es decir, que tienen dos tipos de usuarios y hay interdependencia entre ambos.Ejemplos de ello es Google (sus clientes son los usuarios y los que quieren publicidad) o Uber (los conductores y los usuarios), en estas plataformas pues, unos y otros reciben beneficios diferenciados de la plataforma y el dueño de la plataforma gana por estas diferencias. Sin embargo para que tengan éxito se requiere que más y más usuarios adopten la plataforma en cuestión. Lo anterior, puede provocar que si todos adoptan una plataforma un futuro competidor la tiene muy difícil, pues es poco probable que pueda atraer a usuarios de una plataforma a otra que ofrezca cosas similares. En términos simples, difícilmente puede haber un competidor de Google, o de Facebook o de Uber, por lo que estos efectos de red pueden generar predominancia de los agentes económicos y prácticas monopólicas (como fijar precios o disuadir la entrada de competidores).

En principio, Uber cuenta con competidores directos o indirectos en el mercado mexicano; sin embargo, por los efectos de red que genera la plataforma, se deberá observar la conducta de la empresa. Si dada su posición predominante realiza prácticas que imponen barreras a la competencia, se tendría que castigar su conducta, pues perjudica a los consumidores. Con los elementos de información actuales no se puede decir que sea un monopolio.

¿Se puede castigar a Uber?

Si el lector ha puesto atención no es claro que debamos/ sea bueno para la sociedad castigar a Uber. De hecho, es difícil saber por qué, pues los usuarios acceden a los términos y condiciones de uso que ofrece la plataforma. Mancera ha dicho que tratará de regular el precio de la aplicación (eliminando la tarifa dinámica), lo que eliminaría las eficiencias en el mercado que genera y probablemente dañaría a los usuarios (al reducir sus opciones de consumo o evitar que entren competidores) .

Sin embargo, si lo deseáramos, hay dos formas:

  • Profeco. La Ley Federal de Protección al Consumidor prevé en su articulo 10 que las compañías no pueden generar prácticas desleales o coercitivas en perjuicio de los consumidores. Y si se interpreta junto con el artículo 128 TER de la misma ley, es un caso particularmente grave cuando “se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores”. En este caso se puede argumentar que la doble contingencia era una condición especial del mercado, por lo que los consumidores podrían acusar un daño derivado de una circunstancia especial del mercado. Lo anterior, pondría el foco sobre la conducta en un espacio temporal particular, y no se castigaría al mercado en general con una regulación de tarifas. Además, habría que ver que los competidores de Uber, decidieron bajar precios a presar de esas condiciones especiales. Valdría la pena un análisis serio de Profeco.
  • Consumidores. La otra es que cada uno cambie de aplicación y exija al gobierno un mejor transporte público. En la medida en que los consumidores adopten otras plataformas, podrán elegir la que más les convenga dependiendo las condiciones del mercado. Con lo anterior, se aminoran los efectos de red. La tecnología permite, precisamente, que se reduzcan casi a cero los costos de cambiar de plataforma en el momento que se requiera. Para exigir mejor transporte, no hay mejor manera que castigando en las urnas a quienes gobiernan mal.

¿Fraccionar Google?

En días recientes ha habido un amplio debate en la Unión Europea sobre las prácticas comerciales de Google. Esta vez se dio dentro del Parlamento Europeo en el que se aprobó un punto de acuerdo para que el órgano de competencia de la Comisión Europea cierre de una vez por todas el caso contra Google que lleva desde 2010.

Historia reciente del caso

En 2013, la Comisión de Competencia determinó los siguientes elementos dentro del caso de prácticas anticompetitivas:

  • La muestra de los resultados de búsqueda especializada de Google en un forma mayor que la de sus competidores. Los usuarios no pueden distinguir los resultados.
  • El uso de información de terceros por parte de Google sin su consentimiento
  • Obligación a terceros de obtener la mayor parte de su publicidad en línea de Google.
  • Restricción de transferencias de campañas on-line.

En febrero de 2014, se llegó a un acuerdo preliminar entre la Comisión y Google en el que se planteaba lo siguiente:

  • Google daría a los proveedores de contenidos formas de evitar el uso de su contenido en los servicios de búsqueda especializados de Google si así lo desean, sin ser penalizado por Google.
  • Google eliminaría los requisitos de exclusividad en sus acuerdos con los proveedores para la prestación de los anuncios de búsqueda; y
  • Google eliminaría las restricciones para hacer campañas de publicidad en plataformas distintas a Google.

Este acuerdo tampoco se concretó y hubo cambio en la Competencia de la Comisión Europea. Por lo que no se ha llegado a un acuerdo final. Este acuerdo del parlamento (que no es viculante) busca que la Comisión imponga sanciones y recomienda fraccionar la compañía, es decir, separar el motor de búsqueda de los servicios comerciales que ofrece.

¿Qué tan grande es Google?

A nivel global ocupa el 58% del mercado de búsquedas en Internet, mientras que en algunos países de la Unión Europea este porcentaje llega al 90%.

GraphBuscadores

Entender Google

Una de las razones de por qué se ha tardado la Comisión Europea en poner punto final al caso, es que éste representa un reto para entender la teoría de la competencia. Los motores de búsqueda en línea están construidos bajo esquemas de teoría de redes. De hecho uno de los cofundadores de Google hizo público el algorítmo PageRank que fue el primero en usar la compañía para indexar búsquedas.

[Aquí pueden hacer una simulación de PageRank]

En este caso entre más usuarios tenga la red y más búsquedas realicen en el motor, éste se vuelve más eficiente y se puede personalizar más fácil. Es decir, ser monopolio genera mayores beneficios al consumidor, que si no lo fuera. Esto último es contraintuitivo a lo que sucede con los monopolios tradicionales. Sin embargo, hay eurodiputados, como Ramón Tremosa (Convèrgencia) que afirman lo siguiente:

“Google da un trato preferencial a sus servicios comerciales. Tiene el 90% del mercado en muchos países europeos y las empresas están perdiendo ingresos y se está despidiendo a la gente como consecuencia de eso. No estamos en contra de Google ni de ninguna otra compañía estadounidense. Estamos en contra del monopolio”

Definitivamente hay que distinguir entre conductas anticompetitivas y querer atacar al monopolio sólo por ser monopolio (por lo que ya decía de las eficiencias). Por otro lado hay que pensar que el ritmo de la economía digital probablemente es distinto (Ley de Moore) y que el mercado ha ido cambiando conforme cambian las propias tendencias de consumo. Un día Netscape fue un monopolio, lo mismo Internet Explorer o Windows, que ya no lo son.

Pensar en los consumidores

Parece que una de las razones por la que los parlamentarios europeos buscan que se impongan sanciones en este caso es para proteger a sus compañías de tecnología. Por ello afirman que la “discriminación” de Google hace que éstas pierdan dinero y empleos. El acuerdo de feberero ofrecido por Google buscaba precisamente que se pudieran distinguir dentro de la página del buscador tanto los resultados de otros buscadores especializados como las ofertas comerciales de terceros, aunque no se concretó.

El centro del debate se debe trasladar a la información y transparencia que se ofrece a los consumidores en los resultados de búsqueda. Lo anterior, no necesariamente significa fraccionar la compañía, en ese caso la Comsión debería evaluar, primero, los costos y beneficios de hacerlo, probablemente el consumidor se esté benefciando de la estructura de mercado de Google.

Una vez determinado esto, lo que sí debe ser el motor de los organismos de competencia en casos como el de Google es el derecho a la privacidad y uso de datos personales de los usuarios: ¿Cómo se utilizan estos datos? ¿Qué ventajas en el mercado le dan a la compañía? ¿Dejan en desventaja al usuario frente a la compañía? ¿Cómo se resguardan estos datos? ¿Qué relación hay entre gobiernos y compañías sobre el uso de datos? Así sugiero que se haga una política de competencia centrada en el usuario y buscar sus beneficios más que proteger competidores (o posibles competidores).

ACTUALIZACIÓN (11 DE DICIEMBRE DE 2014)

La encargada de transparencia de competencia Margrethe Vestager ha pedido actualización de información sobre el caso, antes de decidir el curso de acción por parte de la Comisión.

Uber y el siglo XII

En su famosa investigación sobre el papel de las instituciones en la economía, North, et al., (1990) observaron que la garantía de derechos de propiedad y un buen sistema de aplicación de leyes comerciales eran factores clave para el desarrollo económico[1]. De hecho, descubrieron que, durante los siglos XII y XIII, los sistemas institucionales que aseguraban un buen comportamiento de los agentes económicos, que eran capaces de imponer sanciones a los que violaban las reglas y que proveía información sobre el comportamiento de otros, fueron capaces de proveer seguridad jurídica antes del surgimiento del Estado moderno.

Este análisis dejó clara la ineludible relación entre instituciones y desarrollo económico. Mucha de la agenda de investigación en Economía y Ciencia Política se ha dirigido en esa línea, ¿Por qué las instituciones importan? ¿Qué instituciones son propicias para el desarrollo? Son sólo algunas de las preguntas que se han respondido desde entonces. Y éstas siguen siendo relevantes cuando hay que analizar cómo el surgimiento de nuevos procesos económicos provocan la reacción del estado y la imposición de reglas (instituciones) que afectan estos procesos.

Volviendo al caso de las ferias de Champaña (Francia) de los siglos XII y XIII, que también estudia North, hay que observar que éstas se desarrollaron con éxito casi durante un siglo y tuvieron un declive estrepitoso hacia los años del 1290. En estas ferias se sentaron las bases del comercio internacional, del sistema financiero de crédito, ayudaron al expandir el mercado de dinero, etc. Y si pudieron florecer fue, precisamente, porque hubo apoyo de los Condes de Champaña para que así fuera. Hay que recordar que ese territorio se manejaba de manera independiente a la corona francesa y el condado echó mano de comerciantes, iglesia y aliados exteriores para diseñar reglas adecuadas que permitieran el comercio de lana, ropa y otros bienes entre las regiones del Flandes, norte de Italia, Francia y hasta España.

Escudos de las ferias de Champaña Foto: internetarchivebookimages

¿Qué pasó entonces? Una buena explicación es que la Corona Francesa, necesitaba aumentar su ejército y extender su base tributaria y trató de centralizar todo en la corona, por lo que el condado de Champaña cayó bajo sus reglas. Con esto, se empezaron a cobrar nuevos impuestos que fueron difíciles de pagar por los comerciantes, se persiguió a los deudores, y por el conflicto con Flandes la corona expulsó a los comerciantes flamencos (tenían casi 40% del mercado textil de las ferias). Con ello, se dejaron de respetar las reglas que habían establecido entre todos.

Esta historia viene a cuento por casos en que el desarrollo económico y las buenas prácticas existen antes de la intervención estatal, misma que puede arruinar procesos virtuosos. Me refiero a casos económicos como el de Uber, Airbnb, Cabify, etc. Estos fenómenos económicos parten de utilizar los activos de las personas, para conectarlos a través de la tecnología, y permitir operaciones de mercado más sencillas y que no pasan por regulaciones del Estado. Y pasan por ellas porque se trata de los bienes individuales que se comparten para satisfacer una demanda y tener beneficios económicos.

Esta tendencia no va a parar, en la medida en que las ciudades se vuelven los centros de convivencia y conexión humana y mientras haya más personas con acceso a internet será más fácil hacer intercambios económicos. Los gobiernos, si quieren apostar a la tendencia regulatoria, tendrían que estar dispuestos a gastar mucho en prohibir algo que es parte del éxito de la propia humanidad: al existir escasez, y especialización, estamos destinados a intercambiar bienes para satisfacer nuestras necesidades. Así que no es ir en contra de tal o cual marca, es ir en contra de la economía, lo que nos puede costar muy caro a todos.

Protestas anti-Uber en Londres (junio, 2014) Foto: David Holt, Flickr

En lugar de que las intervenciones prohibicionistas traten de arruinar el modelo, se debería de pensar en adoptar el esquema que hizo virtuosas las ferias de Champaña en el medievo, proponer un sistema de reglas que permitan un piso de competencia parejo para todos, que aseguren el cumplimiento de contratos y que pongan en el centro del debate los beneficios del consumidor. En esta medida, podremos contar con regulación más clara, que se pueda aplicar y que no limite las tendencias de mercado. Si esta tendencia económica se trata de colaborar y compartir, la regulación también debe ser colaborativa, no hay de otra.

[1] Ver. North,D.; Milgrom, P.; Weingast, B. The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs. Economics and Politics. Vol. 2 No. 1. March 1990.

Hablemos de mercado, Leo

En los últimos días Leo Zuckermann ha causado controversia con un provocador artículo en el que argumenta (¿?) que no se justifica la existencia del Fondo de Cultura Económica. Incluso ante las críticas y respuestas recibidas reitera que no cree que el Estado deba gastar dinero público en editar, distribuir y vender libros, pues para ello el mercado y las nuevas tecnologías alcanzan.

Pensando en los consumidores le propongo a Zuckermann que hablemos de este tema en serio y veamos las características del mercado del libro en México.

Más allá del valor social que pueda tener el FCE, creo que es importante verlo como un agente económico. Hasta ahora no ha habido ninguna investigación en contra del FCE por algún comportamiento abusivo en el mercado del que se pudiera derivar alguna distorsión (abuso de dominancia, práctica monopólica relativa, etc.). Por el contrario, compite directamente con otras librerías y editoriales tanto estatales como privadas por el mercado de lectores en México. En este punto se debe de notar lo siguiente, al obtener fondeo gubernamental esta institución, como agente económico, puede asumir riesgos que difícilmente un agente privado asumiría: por ejemplo, puede decidir editar un libro con bajísimo atractivo de mercado sólo por aportar una traducción al español de un contenido especializado; o puede editar libros gubernamentales que dudo que alguien más publique. Sobre los anterior, propongo mejor valorar las razones por las cuáles el FCE pasó de ser una empresa (S.A. de C.V.) con participación mayoritaria del Estado a un organismo público descentralizado. Esta transición ocurrió en 1994, con lo que además de editorial se dotó al organismo de funciones estatales como la difusión de la cultura. Asimismo, al ser agente público se debe observar si cumple con estándares de transparencia para su toma de decisiones y los resultados sobre el gasto que ejerce.

Una vez saldado este punto, y dado que a Zuckermann, quien se asume pro mercado, le preocupa que haya competencia en el sector hablemos de las reglas del juego.

En este espacio y en otros, hemos reiterado que el ciudadano es a la democracia lo que el consumidor al mercado. Ambos enfrentan reglas para ejercer su libertad de voto en las elecciones o de compra en el mercado. Hay regulaciones que generan efectos no deseados en el comportamiento de los agentes y acaban resultando más costosas, otras se justifican por los beneficios que obtiene la sociedad en su conjunto. Así en el mercado de los libros en México existe la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro (LFLL), que está en vigor desde 2008 y entre otras cosas establece un precio único a los libros.

Esta Ley fue controvertida desde el principio. Fue presentada en 2005 por el Senador Tomás Vázquez (PRI) y se proponía un precio único que fijarían los editores e importadores de libros en México y sería el que regiría para la venta al público. Este precio tendría una vigencia de 3 años, después de los cuales se podría sujetar a ofertas, descuentos o cualquier otra estrategia de mercado. En ese entonces la Comisión Federal de Competencia se pronunció en contra, y con base en estos argumentos la Ley fue vetada por el Presidente Fox. La comisión dejaba claro que era difícil que cierto tipo de librerías pudieran mantener un stock de tres años antes de poder aplicar estrategias de venta. Además de que este precio no tomaba en cuenta los distintos costos de distribución y formato (digital) de los volúmenes a lo largo del país y que por lo tanto, los editores elegirían un precio tal que cubriera estos costos. Esta fijación de precios constituiría una práctica monopólica absoluta.

Una vez que el Presidente Fox regresó la Ley a la cámara, ésta fue guardada en la congeladora y se retomó el proceso legislativo en 2008, con una nueva legislatura y un nuevo presidente. Se hicieron cambios a la ley original, por ejemplo, bajaron el periodo de tiempo de tres años a 18 meses y eliminaron una disposición que obligaba a las instituciones públicas a destinar 4% de su presupuesto para la compra de libros y la difusión de la lectura. Con estos cambios la ley se aprobó en ambas cámaras y fue publicada por el Presidente Calderón el 23 de julio de 2008. Desde entonces cada editor tiene que registrar los precios únicos ante el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura (CNFLL), y éste podrá aprobar o negar el precio, en caso de aprobarse será el que se observe en el mercado y en caso de no, los editores o importadores tendrán que volver a solicitar el registro para su aprobación, y será el precio vigente los siguientes 18 meses.

Además de lo anterior, el reglamento de dicha Ley además impone la restricción a los formatos de venta:

“Artículo 19.- El precio único de venta al público regirá en todos los lugares donde se lleve a cabo la venta de libros, sean espacios físicos, virtuales o digitales, independientemente del método o procedimiento a través del cual se efectúe su comercialización.” (Reglamento LFLL)

Lo que impone un costo adicional e innecesario a librerías y ediciones digitales. Lo anterior, reduce el bienestar de los consumidores y de hecho limitaría el acceso a los libros digitales.

Pensemos mejor entonces si se justifica la existencia de estas distorsiones de mercado y de la CNFLL, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura 2012, los mexicanos leen en promedio 2.94 libros al año, un avance de unas décimas respecto a su medición en 2006 (2.6). Es decir, poco ha fomentado la lectura estas reglas del mercado. Si nos interesan más que la desaparición del FCE, deberíamos de pensar si los mecanismos del mercado, como está actualmente, son los adecuados para hacer más accesibles los libros en todos sus formatos para los mexicanos.

Convergencia de políticas regulatorias, de competencia y de consumidores

Hoy en el diario Reforma apareció una encuesta sobre la percepción de los consumidores en torno al sistema de protección de sus derechos en México. De acuerdo a la encuesta [1], el 59% de los que respondieron dijeron sentirse poco o nada protegidos como consumidores, mientras que el 38% dijeron sentirse muy o algo protegidos. Sin duda es un dato revelador, la Ley de Protección en México existe desde mediados de los 70 y desde entonces ha evolucionado para brindar el marco de protección de los consumidores en el país. Ahora, ¿qué sentido tiene esta Ley? Básicamente procura que haya equidad en las relaciones entre proveedores y consumidores (i.e. que no te den gato por liebre) y establece mínimos en cuanto a seguridad de productos, información, contratos, garantías y compensaciones a los consumidores.

Por lo que hace al trabajo de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 50% de los encuestados respondió que la Profeco hace mucho o algo para que las empresas den a los consumidores los productos por los que pagaron, mientras el 46% dice que hace poco o nada. Ahora bien, ¿debe ser el trabajo de la Profeco asegurar esto? Por el mandato que tiene podríamos decir que sí, pero pretender que una institución como esta se encargue de todo lo que sucede en el mercado es absolutamente un despropósito. Hay que ver que las relaciones de consumo están dentro del sistema de reglas y competencia al que llamamos mercado. De hecho, creo que muchos de los problemas en las relaciones de consumo están relacionadas con la falta de competencia en los mercados. En la medida en que se fomenta esta, es más probable que los proveedores ofrezcan mejores bienes y servicios al consumidor, de mayor calidad y menor precio. Por lo que una buena política a favor del consumidor es precisamente el fomento a la competencia económica.

Respecto a las actitudes de los consumidores, podemos ver que el 78% de los encuestados respondió que nunca ha acudido a Profeco ante un problema de consumo, mientras que 22% dijo haberlo hecho. De este 22%, sólo 39% dijo sentirse muy o algo satisfecho con el servicio que brinda Profeco. Y me puedo imaginar, Profeco concilia al año un promedio de poco más de 100 mil quejas, en un mercado del tamaño del de México ese dato da para pensar en dos cosas: a) tenemos unos proveedores magníficos o b) los consumidores no confían en Profeco como mecanismo de queja. Me inclino más a lo segundo. Ciudadanos y consumidores desconfían de las autoridades de gobierno, ya sea porque en piensan que instituciones no sirven o porque han tenido malas experiencias (corrupción, conductas indebidas de servidores públicos, abusos, etc.). Esto último, se puede ver en otra pregunta de la encuesta: 75% de los que respondieron piensan que hay colusión entre servidores públicos de Profeco y proveedores para falsear pesos o medidas de los productos.

De acuerdo a la encuesta, de los sectores donde los consumidores afirman que reciben menos de lo que pagan son: 82% gasolinas; 75% gas; 55% electricidad; 48% teléfono; 41% frutas y verduras; 40% productos envasados; 35% tortillas y 34% agua. Como vemos los primeros 4 son servicios en mercados regulados, es decir donde el Estado pone las reglas de entrada a competidores al mercado. Probablemente estas fallas no se deban a que Profeco no “haga su trabajo” ni deben de ser. Se trata más bien de un problema en el diseño regulatorio. Por ejemplo en el tema de gasolineras, Pemex, a pesar de las quejas de los consumidores no ha retirado más que 32 franquicias por violaciones a las normas mexicanas entre 2009 y julio de 2014, aún cuando es una de las facultades que tiene la paraestatal de acuerdo con el contrato de franquicias. En temas como el de telecomunicaciones, en el otorgamiento de concesiones públicas se pueden establecer garantías para el consumidor. Es decir aquí nos enfrentamos a un problema que rebasa las facultades de Profeco, y nos lleva al diseño y funcionamiento de los mercados regulados. En otros ámbitos, como el de frutas y verduras, envasados y productos en general, se ha observado que los consumidores mexicanos gastan en promedio 40% más de lo que podrían pagar por falta de competencia.

Todo lo anterior deja claro que la visión y políticas públicas del mercado deben tender a la convergencia entre regulación, políticas de competencia y protección al consumidor. Si esto es así, se podrá diseñar una mejor regulación de los mercados, promover la competencia y garantizar los derechos de los consumidores. Lo anterior ya lo hemos propuesto en otro documento y es urgente avanzar en esta dirección.

 Disclaimer: El autor trabajó en la Profeco en el periodo 2011-2012

[1] Encuesta telefónica nacional realizada el 23 de agosto de 2014 a 450 adultos. Margen de error +/- 4.6% con nivel de confianza del 95%.

El consumidor, sujeto del mercado

El pasado 1 de octubre se presentó un policy brief que hicimos Bernardo Altamirano, Laura Méndez y yo, sobre la convergencia entre las políticas de competencia económica y protección al consumidor. El argumento principal es que, siendo el consumidor el mismo sujeto beneficiario de ambas políticas y pensando que el mercado es el entorno en que se desenvuelve, parecería lógico que el diseño institucional acorde fuera una sola dependencia gubernamental encargada de revisar todo el mercado en su conjunto y al consumidor y sus derechos en particular. En este sentido, proponemos que se tome en cuenta esto para una futura modificación del diseño institucional actual en México, que cuenta con PROFECO y COFECE, para que se piense en una sola Comisión Federal de Competencia y Consumidores. Lean la propuesta y espero sus comentarios.

Competencia y consumidores: caso de la fusión de American Airlines y US Airways

Por Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

Estas últimas semanas, ha habido una interesante discusión en Estados Unidos a partir de que el Departamento de Justicia (DoJ) presentará una demanda antimonopolio para evitar la fusión entre American Airlines y US Airways. El debate se ha centrado en torno a la competencia económica en el sector y los beneficios para el consumidor.

Este es un típico caso en que podemos pensar en la interacción de las instituciones de competencia económica, regulación y protección al consumidor. En el siguiente diagrama (tomado de Oliveira y Goldbaum, 2001) se puede ver claramente en qué esferas y tiempos interviene cada una y su interacción.

Diagrama Institucional

Las tres autoridades tienen como sujeto de su política al consumidor, sin embargo cada una interviene en etapas distintas del proceso de creación de políticas públicas. Por ejemplo, la autoridad de los consumidores actúa, generalmente, ex-post cuando ocurre alguna falla de los mercados. La autoridad de competencia puede actuar ex-ante, por ejemplo impidiendo fusiones que generen una estructura de mercado menos competitiva, y, ex-post, cuando a través de las políticas de competencia se pueden corregir fallas de mercado. Mientras que la autoridad regulatoria tiene una clara función ex-ante pues, a través de sus políticas se establecen las reglas del juego dentro de los mercados.

Así pues llegamos al caso que nos ocupa que es la fusión de AA y US Airways. En primer lugar, se debe analizar la estructura del mercado. Hasta 1978, fue un mercado fuertemente regulado por el Estado en términos de tarifas y rutas; sin embargo, a partir del 78 se publicó la Airline Deregulation Act que abrió el mercado para generar mayor competencia y que los consumidores tuvieran mayores beneficios. Este esquema permitió a las aerolíneas crecer y se observaron reducciones de precios. Hoy, en la opinión de Wayne Plucker (consultor de Frost and Sullivan) la propia estructura del mercado generada y los costos de los combustibles han traído como consecuencia que se establezcan pagos adicionales por servicios como equipaje, filas, reservaciones anticipadas, etc. Así, podemos ver los datos de la evolución de la capacidad de las aerolíneas en los últimos años.

Capacidad de la Aerolínea (Available Seat Miles)

Aerolínea

2009

2012

American

151,772

152,627

Continental

94,428

Delta

122,641

200,880

(Fusión Northwest, 2010)

Northwest

75,223

United

122,738

216,299

(Fusión con Continental, 2011)

US Airways

70,721

74,204

En segundo lugar, se debe seguir la posición que ha tomado en este caso el Departamento de Justicia. Si bien en los últimos 5 años ha habido dos grandes fusiones de aerolíneas, en este caso se argumenta que permitir la fusión no se traducirá en beneficios para el consumidor. Dice Bill Bear, que justo esta fusión se debe ver aparte de lo que se hizo en los otros casos, ya que con ésta se daría posición de dominancia a AA y además distintas rutas estarían bajo una estructura monopólica que hoy compiten, precisamente US Airwas y AA. Con lo anterior, se espera que no haya ningún beneficio al consumidor en cuanto a tarifas y se corre el peligro de que la compañía fusionada aproveche su posición dominante para fijar precios en ciertas rutas. Con ello, el DoJ toma una postura preventiva para que prevalezcan condiciones de competencia en el mercado.

Del lado de la industria, se argumenta que las fusiones permitidas en 2010 y 2011 (Delta- Northwest y United-Continental) generaron un desequilibrio en la estructura del mercado, por lo que permitir esta fusión sería una forma de equilibrar el mercado y permitir la competencia entre las aerolíneas. Cabilderos de la industria, anticipan que podría haber un arreglo en que se distribuyan slots en los aeropuertos y rutas para que el mercado pueda operar en un esquema más competitivo si se permite la fusión.

Así pues, en el debate surgen preguntas básicas en torno a la competencia, regulación y protección al consumidor. Por ejemplo, qué es mejor, tener competidores fuertes (argumento pro-fusión) o más competidores y menos barreras a la entrada (argumento contra fusión). Seguramente, en cada escenario habrá distintas ganancias para los consumidores. Yo me inclino más porque haya el máximo número de competidores posibles y el menor número de barreras a la entrada, lo anterior es lo óptimo para que el consumidor se apropie del beneficio del mercado. La discusión es interesante pues justamente ha puesto en el centro del debate al consumidor, dejando claro la convergencia de estas políticas para generar mejores condiciones para los consumidores.

ACTUALIZACIÓN

El pasado 12 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un arreglo con las compañías para avanzar con la fusión y poner condiciones para permitir la competencia y bajar las barreras a la entrada de otros competidores. Así, las empresas dejarán libres 104 slots en el aeropuerto Reagan (Washington, DC), 34 en el de LaGuardia (Nueva York), 2 puertas e instalaciones en tierra en el aeropuerto de Boston, y otras instalaciones en los aeropuertos de Chicago, Los Ángeles, Miami y Dallas. Lo anterior, constituye la mayor desincorporación de activos en la historia de las fusiones. Con ello se asegurará que aerolíneas más pequeñas tengan acceso a estos espacios que serán asignados por el regulador y con ello se esperan rutas con mayor competencia.

Datos

Los datos de la industria en Estados Unidos los pueden consultar en el MIT Airline Data Project

Otros artículos interesantes:

James Stewart, For Airlines, it may be one merger too many 

Reporte NYT, Justice Department Alters Viewn of Mergers by Airlines