En los últimos días, la Ciudad de México ha sido escenario del debate sobre la oferta de vivienda y las consecuencias sociales derivadas de su escasez. Este tema, lejos de limitarse a cifras y políticas, toca la vida cotidiana de millones de personas y pone a prueba nuestra capacidad colectiva para construir una ciudad más justa y habitable. La urgencia de convertirnos en una ciudadanía más activa y participativa en torno a los asuntos urbanos y de vivienda es, hoy más que nunca, impostergable. Basta preguntar: ¿quién conoce el plan de desarrollo urbano y vivienda de su propia colonia? La respuesta, casi siempre, revela una desconexión preocupante entre la ciudadanía y las decisiones que definen su entorno.

Uno de los fenómenos más discutidos es la gentrificación, un proceso de transformación urbana que, sin una intervención adecuada, suele traducirse en el desplazamiento de personas de menores recursos por otras con mayor capacidad económica. En la capital, este fenómeno se ha concentrado en zonas céntricas y bien comunicadas, con acceso a servicios y tradicionalmente más caras, acelerando el aumento de los precios de la vivienda y de otros servicios urbanos. El resultado es una ciudad que, para muchas personas, se vuelve cada vez menos asequible y más desigual.

Frente a este panorama, la respuesta institucional debe trascender acciones aisladas y apostar por una estrategia integral, capaz de garantizar la asequibilidad de la vivienda en toda la urbe. El especialista Shane Phillips, en su libro The Affordable City, identifica tres grandes dimensiones de política pública a considerar: la expansión de la oferta de vivienda, la protección a las personas propietarias e inquilinas, y el fortalecimiento del financiamiento público para la vivienda.

En la Ciudad de México se han registrado avances en cada uno de estos frentes, pero aún queda mucho por hacer. En materia de oferta, el reto es aumentar significativamente el número de viviendas disponibles, lo que exige revisar la densidad permitida en distintos barrios, actualizar la zonificación, promover los usos mixtos y eliminar requisitos obsoletos, como la obligatoriedad de estacionamiento. El reciente anuncio sobre construir 200 mil nuevas viviendas asequibles en los próximos años es una oportunidad histórica que debe ir acompañada de una revisión a fondo de los parámetros urbanos.

La segunda dimensión implica garantizar estabilidad tanto a personas propietarias como a quienes rentan, a través de medidas como la limitación en los aumentos del alquiler, controles sobre la vacancia, requisitos de asequibilidad permanente en ciertas áreas, regulación de unidades en renta temporal, compensaciones para zonas impactadas por los cambios, protección de pequeños negocios que dan identidad a los barrios, y mayor transparencia contractual. Aunque ya se han implementado reformas para impedir que los alquileres superen la inflación y se ha creado un registro de contratos de arrendamiento, el desafío sigue siendo enorme frente a un mercado de renta predominantemente informal.

Por último, la tercera dimensión consiste en impulsar políticas presupuestales y financieras que hagan viable el acceso a la vivienda para todas las personas. Algunas medidas posibles son impuestos progresivos a la compraventa de vivienda, gravámenes a la especulación inmobiliaria, tasas a la propiedad ociosa, prohibición de venta de tierras públicas, aumento de recursos para vivienda social y la creación de esquemas de crédito accesible. Además del citado programa de construcción de vivienda, la exploración de instrumentos fiscales innovadores como los anteriores podría ser determinante para sostener y ampliar estos esfuerzos.

Así, las y los gobernantes tienen a su alcance un amplio abanico de herramientas de política pública que, si se articulan de manera adecuada, pueden transformar la Ciudad de México en un espacio más asequible y justo para todas las personas. El objetivo debe ser claro: garantizar el bienestar y el desarrollo económico de la población en un entorno donde la convivencia, la diversidad y el derecho a habitar la ciudad sean valores irrenunciables. Solo así podremos erradicar cualquier manifestación de xenofobia o discriminación y avanzar hacia una urbe más inclusiva.

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The Affordable City: Measures Against Gentrification

In recent days, Mexico City has become a focal point in the debate over housing supply and its related social consequences. This issue goes beyond mere statistics and policies—it affects the everyday lives of millions and puts our collective capacity to build a fairer, more livable city to the test. Now more than ever, there is an urgent need for citizens to become more active and engaged in urban and housing issues. One need only ask: who knows the urban development and housing plan for their own neighborhood? The answer, almost always, reveals a troubling disconnect between residents and the decisions that shape their environment.

One of the most discussed phenomena is gentrification—a process of urban transformation that, without proper intervention, often leads to the displacement of lower-income individuals by those with greater economic means. In the capital, this process has been concentrated in central, well-connected areas with better access to services and traditionally higher costs, driving up housing and service prices. The result is a city that, for many, is becoming increasingly unaffordable and unequal.

In response, institutional action must go beyond isolated measures and pursue a comprehensive strategy capable of ensuring housing affordability throughout the metropolis. In his book, The Affordable City, the specialist Shane Phillips identifies three major public policy dimensions to consider: expanding the housing supply, protecting both property owners and renters (stability), and strengthening public financing for housing (subsidy).

Mexico City has made progress on each of these fronts, but much remains to be done. Regarding supply, the challenge is to significantly increase the number of available homes. This requires revisiting permitted density in various neighborhoods, updating zoning, promoting mixed-use development, and eliminating outdated requirements, such as mandatory parking spaces. The recent announcement of 200,000 new affordable homes to be built in the coming years represents a historic opportunity that must go hand in hand with a thorough review of urban parameters.

The second dimension involves ensuring stability for both property owners and renters through measures such as limiting rent increases, controlling vacancies, requiring permanent affordability in certain areas, regulating short-term rentals, compensating zones affected by change, protecting small businesses that give neighborhoods their identity, and increasing contractual transparency. Although reforms have already been implemented to prevent rents from outpacing inflation and a rental contract registry has been created, the challenge remains enormous given the largely informal rental market.

Lastly, the third dimension calls for boosting budgetary and financial policies that make it feasible for everyone to access housing. Possible measures include progressive taxes on home sales, levies on real estate speculation, fees on vacant properties, a ban on the sale of public lands, increased resources for social housing, and the creation of accessible credit schemes. Alongside the aforementioned housing construction program, exploring innovative fiscal instruments such as these could be crucial in sustaining and expanding these efforts.

Thus, government leaders have at their disposal a broad set of policy tools that, if properly integrated, can transform Mexico City into a more affordable and just space for all. The objective must be clear: to ensure the well-being and economic development of the population in an environment where coexistence, diversity, and the right to inhabit the city are non-negotiable values. Only in this way can we eradicate any form of xenophobia or discrimination and move toward a more inclusive city.